El conflicto entre órganos constitucionales del Estado a propósito del control parlamentario del Gobierno. Primera Parte.

I. Exposición normativa general.  II. Sobre el control parlamentario del Gobierno en funciones. 2.1 Moción de censura. 2.2 Interpelaciones y preguntas.

  

1.                 Exposición normativa general.

Las atribuciones del Gobierno vienen enunciadas en términos generales en el art. 97 CE del siguiente modo:

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

Las Cortes Generales cuentan entre otras competencias con el control de la acción del Gobierno (art. 66.2 CE), que pueden ejercer mediante dos grandes medios:

-             Un control “débil/suave” que se muestra en las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras (art. 111 CE). Debilidad que se aprecia en la ausencia de consecuencias jurídicas coercitivas para el Gobierno en caso de omitir los requerimientos de las Cortes, como luego veremos. Sin perjuicio de que dicha actitud, indirectamente, y tras una valoración política, pusiera en marcha los mecanismos político-jurídicos de una moción de censura. Todo ello con la salvedad establecida en el art 502.1 CP respecto a las Comisiones de investigación.

 -                 Un mecanismo “fuerte” de control representado por la moción de censura (art. 113 CE) que permite al Congreso hacer caer al Gobierno si le niega su confianza, la que previamente le había otorgado mediante la investidura (art. 99 CE). Dejamos a un lado la llamada cuestión de confianza por sus especiales características.

Siguiendo la lógica de un sistema parlamentario, en los supuestos recogidos en el art. 101 CE (tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente), el Gobierno cesa automáticamente continuando en funciones hasta la toma de posesión del nuevo. Estableciendo el marco jurídico de la actuación del Gobierno en funciones el art. 21, apartados 3 y 4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, que como puede comprobarse, limita la actuación del Gobierno saliente, salvo casos de urgencia o por razones de interés general, en ambos casos debidamente acreditados. Así se dispone que

3. El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas.

4. El Presidente del Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades:

a) Proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales.

b) Plantear la cuestión de confianza.

c) Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo.

5. El Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades:

a) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

b) Presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.

2.                 Sobre el control parlamentario del Gobierno en funciones.

2.1 Moción de censura.

Es claro que durante el interregno en el que el Gobierno está en funciones, el Congreso no puede someterle a una moción de censura, pues la vida gubernamental, aunque sea ya como un capitidisminuido Gobierno en funciones, depende de la propia capacidad de la Cámara baja de otorgar su confianza a un nuevo Gobierno. Por otra parte, en el supuesto del nuevo Congreso surgido tras unas elecciones generales, que obviamente no ha otorgado su confianza al anterior Gobierno, no podría negarle lo que nunca le ha otorgado. En el resto de casos (dimisión o fallecimiento de su Presidente), tampoco tendría demasiado sentido que el Congreso no lograra otorgar su confianza a un nuevo Gobierno mediante una investidura y sí mediante una moción de censura constructiva (a un "Gobierno interino"), por lo que no entramos en mayores valoraciones.

2.2 Interpelaciones y preguntas.

Por otra parte nos preguntamos si las Cortes pueden realizar un control “suave” del Ejecutivo en funciones, pues una cosa es la negación de la confianza, y otra el control de su gestión. Tomando como referencia el art. 21.3 de la Ley de Gobierno tenemos dos polos, la gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos y consecuentemente a contrario sensu la gestión extraordinaria de los asuntos públicos casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, respectivamente.

A nuestro parecer, las actuaciones emprendidas por el Gobierno bajo el amparo del despacho ordinario, podrán ser analizadas por las Cortes (vía art. art. 111 CE CE) tanto si se aprecia por algún representante de la soberanía nacional un indicio de extralimitación por parte del Gobierno como si se aprecia cualquier clase de divergencia política en el quehacer ordinario, dada la normal discrecionalidad existente hasta en la resolución de los asuntos más simples. La actuación en funciones de un Gobierno no puede amparar zonas de sombra en el continuo control parlamentario de las Cortes. Pues, sin perjuicio del control ante la jurisdicción contencioso-administrativa, ¿cómo verificar que el Gobierno no se ha extralimitado en sus funciones de despacho ordinario? Y dado que el Gobierno no es un poder con una legitimidad democrática directa, su actuación política, y por tanto discrecional aun cuando esté sometida al Ordenamiento Jurídico, ha de ser supervisada en todo momento por las Cortes. Control que incluso puede ejercitarse cuando las mismas no se encuentran reunidas o hubieran sido disueltas o hubiera expirado su mandato (Diputación Permanente, art.78 CE).

Lo que presenta menos dudas, en la necesidad de control parlamentario de aquella actividad del Gobierno en funciones que quiebre su estatus ordinario de mero gestor del despacho. Piénsese en la necesidad de convalidación de un Decreto-ley, lo que necesariamente requerirá la anuencia del Congreso (art. 86.2 CE), pues en caso contrario el decreto-ley devendrá ineficaz. Sin embargo, para otros supuestos, como por ejemplo, la celebración de tratados internacionales (art. 94.2 CE), de ser contrarios al padecer de las Cámaras, las mismas carecerán de cualquier respuesta frente al Ejecutivo al no temer éste ser amenazado con una moción de censura.