A la vista del procedimiento
seguido por las Cortes Generales, la respuesta debería ser afirmativa a tenor
de la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la
abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón.
Sin embargo, desde mi punto de
vista, la abdicación para ser efectiva, no requería de la aprobación de las
Cortes. ¿Y si no se aprobara la Ley Orgánica?, ¿el
Rey estaría obligado a reinar hasta que las Cortes decidieran o no que su
abdicación produce efectos jurídicos?
En el Preámbulo de la Ley Orgánica
3/2014, de 18 de junio, se argumenta lo siguiente:
El artículo 57.5
de la Constitución Española dispone que «las
abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en
el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica». Este precepto
sigue los precedentes históricos del constitucionalismo español, que en los
textos fundamentales de 1845, 1869 y 1876 y, con variaciones, en otros
precedentes, ya reservaban al poder legislativo la solución de las cuestiones a
que diera lugar la sucesión así como la autorización de la abdicación, incluso
mediante una ley especial para cada caso. Si bien la Constitución en vigor no
utiliza este último término, los citados antecedentes y el mandato del artículo
57 de que el acto regio sea resuelto por una ley orgánica hacen que sea éste el
instrumento legal idóneo para regular la efectividad de la decisión. (El subrayado es mío).
La CE del 78 rompe con la
tradición de las constituciones monárquicas del XIX y no exige una ley especial que autorice al Rey a
abdicar. Todas las constituciones del XIX limitaban el ámbito de actuación
regia, exigiendo la autorización mediante una ley especial para ausentarse del Reino, contraer matrimonio (lo que
inspira el actual 57.4 CE) o para abdicar, entre otras materias. Cautela que
tiene un fundamento, no sólo en un liberalismo limitador del poder regio, sino en antecedentes históricos como el testamento de Carlos II, con el nombramiento de
Felipe V que se tradujo en una larga Guerra de Sucesión, y más frescos aún para
el constituyente de 1812, las Abdicaciones
de Bayona de 1808, siempre en la memoria de quienes elaboraron las
constituciones decimonónicas. Se pretendía, por tanto, un reforzamiento del
poder legislativo como tutor de
cualquier abdicación que a su juicio fuera inidónea.
Ténganse particularmente en cuenta la no lejana posibilidad de triunfo de una
contrarrevolución antiliberal protagonizada por el carlismo, que amparada en las propias reglas sucesorias de la constitución vigente en cada momento, podía instalarse en la Corona. Todo ello como consecuencia de
una eventual y corta serie de abdicaciones del propio monarca, y de los llamados a la sucesión en la
Corona, dada la proximidad de parentesco de los pretendientes carlistas.
El Poder Legislativo empleando un
errado criterio historicista obvia la novedad de nuestro texto constitucional
al respecto y actúa como si estuviéramos bajo el imperio de la Constitución de
1876, de 1812 u otra de las constituciones intermedias. En las actuales
circunstancias sociales y jurídicas (La Corona de España es hereditaria en los
sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón… art. 57.1 CE) carecen de sentido dichos miedos atávicos u otros más
propios de épocas pasadas como los casamientos
de estado. A mayor abundamiento de esta tesis, cuando la sucesión en la
Corona no es de libre disposición regia como ocurrió en tiempos ya mencionados.
Hay actos de la vida privada del
Rey, como es el matrimonio, que pueden ser controlados por las Cortes (57.4 CE)
pero hay otros en el que el margen de libertad real es amplísimo, como es el
nombramiento del tutor del Rey menor (art. 60 CE), o incluso actos en los que
el Rey tiene un poder absoluto (jurídicamente hablando) como es la propuesta
del candidato a la Presidencia del Gobierno (art. 62 d CE). Entonces, ¿por qué
interpretan restrictivamente la libertad regia para abdicar, requiriendo que
las Cortes se pronuncien sobre la eficacia jurídica de un acto del Rey
completamente libre a la luz de la Constitución? ¿Lo próximo será votar el
candidato que debe proponer el Rey al Congreso?
La abdicación es válida desde el
momento en que el Rey emite su declaración de voluntad de abdicar, eso nadie lo
discute, pero su efectividad únicamente requeriría el refrendo del Presidente
del Gobierno y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (art. 64 CE). En
ningún caso podría ser condicionada a su aprobación (contingente, dicho sea de
paso) por las Cortes.
La contingente Ley Orgánica que
alude el art. 57.5 CE únicamente podrá contener disposiciones que ordenaran el acto jurídico de abdicar,
imponiendo plazos para su efectividad, informaciones a las Cortes, etc, pero
nunca leyes singulares o con la denominación del XIX, leyes especiales autorizando o desautorizando las abdicaciones, aunque
sea con el mecanismo de hacer efectiva
una abdicación válida.
Por tanto, desde mi punto de
vista, se va a seguir un procedimiento sucesorio inadecuado, pero que en
definitiva, al terminar con el refrendo del Presidente del Gobierno y su
publicación en el Boletín oficial del Estado va a producir los mismos efectos.
Desde un punto de vista material
¿qué control se espera en la aprobación de la abdicación por las Cortes
Generales? Si la decisión de la abdicación es un acto personalísimo y la sucesión está
reglada, recayendo indefectiblemente en una serie de personas, ¿de qué serviría
una oposición a la abdicación?, ¿retrasar una sucesión forzosa?, ¿esperar que un eventual deceso de uno de los
vocados conlleve un llamamiento distinto?
Dada la imposibilidad (a excepción
de extinguidas todas las líneas llamadas
en Derecho… 57.3 CE) de elección
o designación de los integrantes de la Jefatura del Estado, más allá de la primigenia
elección realizada por el constituyente de los sucesores de don Juan Carlos I,
la subsistencia de la Corona se fundamenta en el constante apoyo, en último
término, del pueblo. Pudiendo erigirse éste en poder constituyente, a través de
sus representantes políticos en primer término, promoviendo cualquier reforma
constitucional que considere oportuna para la mejor organización de la Jefatura
del Estado.
En conclusión, las Cortes
Generales se han arrogado un trámite innecesario en un acto regio que no se
justifica ni jurídica ni políticamente, pues la actividad de la Corona se enjuicia
fundamentalmente a través de la opinión pública de una sociedad democrática
libremente informada.
(Artículo revisado, publicado originariamente el 4 de junio de 2014).
