Vivimos rodeados de presuntos delincuentes. No exagero, ábrase cualquier periódico, preste
atención a cualquier informativo y comprobará que no miento. Pero ¿quiénes son
los presuntos delincuentes?
En primer lugar veamos este tema desde un punto de
vista cotidiano.
En nuestra vida estamos acostumbrados a realizar un
sinfín de presunciones basadas en ideas preconcebidas. De hecho, dichas ideas
preconcebidas nos permiten ahorrar tiempo en la cotidiana toma de decisiones. Representaciones
del mundo que han conseguido forjarse por nuestra propia experiencia o por haber
sido inducidas por fuentes familiares, sociales, mediáticas, etc. Centrándonos
en nuestro supuesto, cada uno de nosotros asociaremos al delincuente una serie
de connotaciones, sensaciones y representaciones muy diversas. Baste como
ejemplo el que algunos de nosotros prejuiciosamente, no pensaremos que aquel
desconocido que se dirige hacia nosotros portando una navaja automática tiene la inocua intención
de preguntarnos la hora, sino de rogarnos que nos desprendamos, cuanto menos,
de nuestro reloj.
Pero veamos ahora las presunciones desde un punto de
vista jurídico[1].
¿Qué implica una presunción? La asunción, relativa (iuris tantum) o absoluta (iuris et de iure), de un hecho
no demostrado como cierto en relación a otro hecho que sí lo está. Así podemos
citar la buena fe del poseedor en el ejercicio de su posesión, la muerte de una
persona desaparecida tras el transcurso de un lapso de tiempo, la culpa en el
deudor que pierda la cosa que tuviera en su poder, la presunción de legalidad
de los actos administrativos o la célebre presunción de inocencia.
Centrándonos en el ámbito penal/sancionador, ¿es admisible una presunción
de culpabilidad? La respuesta debe ser negativa tanto desde la perspectiva de
nuestro derecho positivo (art. 24.2 CE), como de lege ferenda, debiendo corresponder al órgano judicial (o en su
caso la Administración, que se haya bajo control judicial, art. 106.1 CE) la
apreciación de la culpabilidad tras la práctica de una actividad probatoria con
todas las garantías. Dejando a un lado la presunción de culpa en otros campos ajenos
al derecho penal o administrativo sancionador, como el de la responsabilidad
objetiva extracontractual o el de
inversión de la carga de la prueba en distintos ámbitos como el laboral (art.
96 de la Ley reguladora de la jurisdicción social) o el mercantil (art. 61.2 de
la Ley de Patentes), es claro que la única presunción posible es la de
inocencia.
Llegados a este punto, me pregunto cómo es posible que expresiones como presunto culpable, presunto agresor,
presunto + el delito X, hayan hecho fortuna no sólo a nivel popular sino
también en los medios de comunicación y entre profesionales jurídicos (V. gr.: «La presunción constitucional de inocencia
exige que nos refiramos a él como presunto delincuente, hasta que recaiga
sentencia condenatoria.» José María Mena fue fiscal jefe del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña [El País, Feb. 2016].[2]
La construcción de la
“presunción de culpabilidad” está formada por dos elementos. Por un lado el
elemento popular que antes explicábamos representado por el término culpabilidad. Por otro lado la figura de
la presunción, que da un soporte de juridicidad
a nuestra convicción de culpabilidad. Sin embargo, la intención con la que es
empleada delata que traiciona el propio significado que se desvela de sus
palabras. Se quiere hablar de presunción
de inocencia aunque paradójicamente se exprese bajo su antítesis, la
presunción de culpabilidad. Presunción que nadie pretende emplear en su sentido
literal para condenar a un sujeto, sino precisamente todo lo contrario, se
desea salvaguardarlo momentáneamente hasta que la autoridad judicial se
pronuncie sobre su inocencia.
Se confunde presunción con
inocencia. Recuerdo al respecto una audiencia para la selección de los miembros
de un jurado en la que se formuló la clásica pregunta del Ministerio Fiscal a
los seleccionados «¿qué implica para usted
la presunción de inocencia respecto a la persona que aquí se va a juzgar?».
Uno de ellos respondió: «Que es presunto»,
«¿Presunto inocente o presunto culpable
de los delitos que se le imputan?» interpeló el Fiscal, «Ni inocente ni culpable, es presunto» contestó
quien finalmente fue recusado.
[1] Vid. D´ORS PÉREZ-PEIX, A., Responsabilidad y libertad, Díkaion: revista de actualidad jurídica, Nº. 4, 1995, pág. 13.
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